PODER JUDICIAL DE HONDURAS PERSIGUE A JUECES OPUESTOS AL GOLPE
Logo de la cuestionada Administración de Personal de la Carrera Judicial en Honduras.
Washington D.C., 13 de noviembre 2009
Jueces hondureños sufren persecución y represalias de parte de sus superiores por manifestarse en contra del golpe de Estado, en una clara violación a los derechos a la libertad de expresión, de reunión y asociación.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatora Especial para la Independencia de los Jueces y Abogados de Naciones Unidas acerca de la persecución política en Honduras en contra de un grupo de jueces y otros funcionarios de la justicia.
La información, remitida el pasado 10 de noviembre, señala que la oficina de Administración de Personal de la Carrera Judicial en Honduras inició procesos disciplinarios contra los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios. Todos ellos son investigados por manifestarse en contra del golpe de Estado.
En el caso del juez López Lone, el proceso disciplinario en su contra tiene como causa el “incumplimiento de los deberes de su cargo al incurrir en actos que atentan contra la dignidad de la Administración de Justicia” al haber participado en una manifestación en contra del golpe, que fue duramente reprimida. López resultó herido y debió ser sometido a una cirugía que lo incapacitó más de tres meses.
Al juez Chévez de la Rocha, se le imputa “haber sido detenido por la Policía Nacional el día 12 de agosto del 2009, a causa de su presencia en actos de alteración del orden público, así como el haber tratado de rebelar contra el Gobierno de facto a varios empleados judiciales”.
En cuanto al juez Ramón Barrios se le atribuye responsabilidad por dictar una conferencia que luego fue publicada como un artículo de opinión titulado “No fue sucesión presidencial”. En el texto, Barrios censura las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, en la tramitación de un requerimiento Fiscal presentado en contra del presidente Zelaya Rosales.
CEJIL también denunció el proceso iniciado en contra del defensor público Osman Fajardo y el uso arbitrario de facultades administrativas para perjudicar a operadores de justicia críticos al golpe. Por ejemplo, al juez Armando Lozano, Magistrado Propietario de la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, se le trasladó a Tegucigalpa. Ese cambio de puesto no fue solicitado por el juez y tampoco hubo una explicación de la decisión.
Los procesos en contra de estas personas son una represalia por manifestarse en contra de las autoridades de facto y particularmente por sus expresiones de rechazo a las actuaciones de la Corte Suprema, que apoya al régimen.
Estos hechos violan el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación de los jueces. Además demuestran una vez más que en Honduras no hay espacio para el debate libre, tal y como lo mencionó el Relator para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, cuando señaló que en este país “no existe la libertad de expresión para comentar los hechos de cada día ni para criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de Estado”.
“En el actual contexto hondureño es primordial que se permita el libre debate de ideas, así como toda expresión pacífica en contra del golpe de Estado. Los procesos que se inician contra los operadores de justicia son una restricción ilegítima al ejercicio de sus derechos y una intimidación para acallar sus voces y las de miles de personas que se oponen al régimen”, dijo la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic
CEJIL alerta a la comunidad internacional acerca de estos nuevos hechos de persecución política y exhorta a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos para que adviertan la ilegitimidad de estas ctuaciones a las autoridades de la Corte Suprema de Honduras.
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