Comunicado Barro Blanco 25-05-11

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COMUNICADO DE PRENSA
ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS Y DE DERECHOS HUMANOS CONDENAN SUSPENSIÓN DE DIÁLOGO
SOBRE EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO BARRO BLANCO EN EL RÍO TABASARÁ


Panamá, 25 de Mayo de 2011.


Como organizaciones de la sociedad civil que trabajan en defensa del ambiente y de las instituciones democráticas queremos expresar nuestra mayor preocupación y nuestra profunda consternación por el colapso del diálogo entre el Movimiento 10 de Abril por la Defensa del Río Tabasará y el Gobierno Nacional con relación a la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en el occidente del país. En nuestra opinión, esta situación de conflicto se ha agravado con la ocupación de la servidumbre pública de la Carretera Interamericana
por parte de unidades de la Fuerza Pública, lo que desdice de las intenciones del Gobierno en cuanto a llegar a una resolución pacífica del conflicto.
Es injustificable el desconocimiento del compromiso adquirido por el Vice-Ministro Luis Ernesto Carles el día 6 de mayo de solicitar a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) la suspensión provisional e inmediata de los trabajos de construcción de la hidroeléctrica hasta que se hubiesen podido realizar los estudios necesarios. Esto ha ocurrido a pesar de que dirigentes del Movimiento 10 de Abril han presentado denuncia formal ante la Administración Regional de ANAM de la provincia de Chiriquí por el inicio de la construcción del proyecto amparado en un Estudio de Impacto Ambiental vencido, de acuerdo al Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.
La persistencia del conflicto del Tabasará representa un fracaso de nuestra sociedad por resolver conflictos de manera pacífica y garantizar la seguridad jurídica para todos los panameños. Resulta vergonzoso que el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco subsista a pesar de una larga controversia entre el Gobierno Nacional y los pobladores Ngobe y campesinos del Río Tabasará, quienes defienden las aguas de este imponente río frente a la generación de energía hidroeléctrica, cuya pésima planificación ha causado tantos daños a los ríos panameños.
Durante más de una década, esta lucha ha provocado movilizaciones, acciones de protesta, pronunciamientos públicos e incluso enfrentamientos entre las fuerzas del orden público y los afectados. Lamentamos que por tantos años no se haya favorecido el diálogo y el imperio de la ley. Condenamos en especial los esfuerzos por debilitar la protección de los derechos indígenas mediante la Ley 15 de 7 de febrero de 2001 y la Ley 18 de 24 de enero de 2003. Los artículos de la Ley General de Ambiente derogados de manera subrepticia por la Asamblea Nacional a través de un camarón legislativo en la Ley 18, que creaba los corregimientos de La Pitaloza y San José, en las provincias de Herrera y Veraguas, habían sido instrumentales en la suspensión provisional del proyecto hidroeléctrico Tabasará II, otro proyecto a desarrollarse en el mismo río, por parte de la Corte Suprema de Justicia en el año 2000. Consideramos fundamental, en este punto, que como sociedad aprendamos de los errores cometidos, ya que la falta de diálogo y la alteración inconsulta del orden jurídico solo contribuyen a la disrupción de la paz social y a la vulneración de los derechos ciudadanos. Así nos los advierten los recientes acontecimientos ocurridos en el Distrito de San Félix, hechos que deseamos no se repitan. Por esta razón, exhortamos al Gobierno Nacional a que reexamine su posición y a que honre los compromisos adquiridos el día 6 de mayo. Confiamos en que la razón y la buena fe prevalecerán y que llevarán a restablecer la mesa de diálogo suspendida de manera intempestiva por el Gobierno Nacional desde hace más de una semana.
 

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)
Asociación Ecologista Panameña (ASEP)
Asociación de Derecho Ambiental (ADA)
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)
Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre (MOCAMDERCO)