ALIANZA AMBIENTAL PRO DESARROLLO INTEGRAL UNIDOS POR PANAMÁ AAPRODIUPA

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Las 18 organizaciones que formamos la Alianza en la Provincia de Chiriquí todos afectados directo por la masiva construcción de proyectos hidroeléctricos considerados como minirepresa y represas hemos denunciado a nivel nacional e internacional a las instancias financiadoras, las empresas y gobiernos que promueven la privatización y acaparamiento de bienes comunes como el agua y la tierra con la excusa de la generación de supuestas energías limpias, que no han representado más que afectaciones directa a las comunidades y a los bienes naturales de todos y todas.

 

Estos proyectos promovidos a nivel internacional como una alternativa para mitigar el cambio climático generan en las comunidades impactos ambientales directos como:

Aplicación de una normativa por parte de la Autoridad Ambiental en Panamá que deja en el cauce el 10% como mal llamado caudal ecológico el cual se extiende por kilómetros en nuestros ríos, generando perdidas en los ecosistemas y la prohibición para el consumo humano es decir las comunidades no lo pueden utilizar. Mientras la empresa generadora es dueña mediante concesión dada por el Estado del 90% del caudal de los ríos por 50 años prorrogables o permanente.

Los proyectos no contemplaron el impacto ambiental para y las comunidades y sus propias inversiones.

Las decisiones tomadas para la instalación de estos proyectos no se realizaron tomando como base un estudio de capacidad de la cuenca que contemplara los otros usos presentes y las demandas futura, tanto aguas abajo de los proyectos como aguas arriba, usos esto como: consumo humano, ganadería, producción agrícola, turismo, sustentación y supervivencia de los ecosistemas.

Los Proyectos en construcción las concesiones se ubican arriba de la toma de agua de la potabilizadoras del municipio de Barú, que le sirve de agua a más de 50,000 personas. No se han considerado medidas para asegurar la calidad del agua (contaminación por residuos químicos), en todas las fases de implementación del proyecto (construcción y operación). Considerando que esta es una zona de alta precipitación y altas pendientes.

Fragmentación del ecosistema del río, lo cual es una amenaza directa a la vida acuática del río y también a las personas que se proveían de la pesca como un medio de proveer alimentos a sus familias.

Los proyectos son evaluados de forma individual, no hay un estudio de impacto acumulativo de todos los proyectos sobre la cuenca.
No hay un plan de mitigación integral y con estándares de calidad claros que comprometan a las empresas en un plan de mitigación de impactos acumulativos y seguridad civil de quienes se mantienen en la cuenca en caso de rompiento y de los propieos embalses generados por estos proyectos.

ACCESO A LA INFORMACION Y PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES

  • Los Estudios de impacto ambiental han sido aprobados sin la participación de las comunidades.
  • En el caso del Proyecto Hidroelétrico Pando, fue aprobado con la participación de 10 personas en el foro público, de los cuales más del 50% eran funcionarios públicos correspondiente a las intancias públicas que aprueban este tipo de proyecto.
  • La comunidad no estaba enterada, informada y muchos menos consulta de manera previa y libre de estos proyectos, sino hasta que inician los trabajos y hasta procesos de expropiación e implementación (compra de terrenos, estudios en el río, etc.) que reciben la visita de los mensajeros de las empresas y de los gobiernos.

GESTION DE RIESGO

  • La provincia de Chiriquí mantiene sus cuenca hidrográficas en zonas de riesgo por ser altamente sísmica y lluviosa, con ríos cortos y muy rápidos lo los niveles de riesgos a colapso de las estructuras que se instalen y la vulnerabilidad de las comunidades es alarmante.
  • Desconocemos los planes de los proyectos para la prevención o reducción de riesgos y amenazas por desastres naturales, a los que están expuestas las comunidades aguas abajo de los proyectos (municipios de Bugaba, Renacimiento, Barú, Alanje).
  • No hay garantía o seguridad para las comunidades de que estos temas han sido contemplados en un estudio integral de construcción masiva de hidroeléctricas en un mismo río ubicado en un área con estas características.

REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO

  • Las empresas están adquiriendo los derechos de las tierraa a orillas de los ríos.
  • Estas negociaciones que en principio pueden ser bien vistas por los agricultores dueños de las fincas que deciden negociar, representan que se quedan sin acceso a las fuentes de agua y limitan sus propias actividades agropecuarias quienes dejan sus actividades impactando directamente la seguridad alimentaria del país y la economía regional.
  • Cuando un propietario se niega a negociar sus tierras se le aplica el régimen de adquisición forzosa de servidumbres.
  • Los propietarios pierden obligadamente terrenos que son pagados a precios más bajos, y quedan sin acceso a los ríos para sus propias actividades.

COMUNIDADES INDIGENAS QUE MIGRAN A LAS ZONAS.

  • Grupos indígenas (etnia Ngöbe Buglé) dependen Directamente de las actividades agropecuarias de la zona.
  • Actividades agrícolas como la producción de café y de granos generan hasta 30,000 empleos a esta población (en época de cosecha) anualmente. Y de forma permanente más de 10,000 empleos a esta mano de obra no calificada.
  • Se desplazan desde su comarca (unos 150 kms.) a estas zonas donde permanecen hasta 6 meses, para luego regresar a sus comunidades con el recursos económico para sus necesidades (alimentación, estudio, vivienda, vestido, etc.)

Si existen en las zonas comunidades campesinas, dedicadas tradicionalmente a la producción de alimentos.

La provincia de Chiriquí, es catalogada como la cuenca lechera del país, aqui se produce un gran porcentaje de la leche para consumo en la industria láctea, granos, hortalizas, legumbres, papas, etc, para el consumo nacional, lo cual ha disminuido en la zona.

OTRAS CONSIDERACIONES:

Se está ocasionando una transformación casi imperceptible a las costumbres y forma de vida de estas comunidades, que tradicionalmente han sido de vocación agrícola.

Los proyectos han generado división en las comunidades.

Los gobiernos locales prácticamente se sienten obligados a aprobar la construcción de los proyectos como una imposición de las entidades vinculadas a estos procesos.

Los mecanismos de convencimiento a las autoridades locales, municipales y comunidades para que se aprueben los proyectos no son transparentes y se percibe niveles inimagibables de corrupción

Las empresas se aprovechan de las necesidades de las comunidades para ofrecer “ayudas” temporales y no obligadas que no favorecen una gestión integrada y participativa de recursos hídricos.

Se compromete a las comunidades a aceptar y no hay un análisis del impacto futuro de la instalación del proyecto para la vida de la gente.

Las empresas nacionales y transnacionales han hecho de los bonos de carbanos mal ganados y otorgados por la supuesta generación de energía limpia un negocio como motivación para continuar destruyendo el ambiente y a las comunidades sus formas de vida y existencia.
Las políticas de interconexión a nivel regional son un elemento inmerso en las políticas de cada país, las cuales representan inestabilidad social, política y economíca de las comunidades atendiendo a un poder supranacional.

En la acción del 12 de octubre de la cual le envie unas fotos:

Se realizó una piqueteo de manera simbolica sobre el puente del río piedra en la via interamericana, donde se contruye el proyecto hidroeléctrico Pedregalito1, mismo que ha sido denunciado por afectaciones directas a a las comunidades y donde recientemente colapso un puente precisamente como consecuencia de la alteración de la cuenca del río piedra por la construcción de 6 proyectos hasta la fecha.

Participaron las organizaciones de la Alianza, quienes se dan seguimiento hace dos años para presentar un proyecto de ley de Moratoria para la construción y otorgamiento de concesiones de agua.