Comunicado a la prensa y a la opinión pública nacional e internacional

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Ante la serie de reportajes que circulan en Europa desde el mes pasado y ante la campaña contra la comercialización de la piña de Costa Rica en el mercado europeo iniciada por la prestigiosa ONG Consumers Internactional, y la serie de daños impúnes provocados por empresas piñeras ante la pasividad de las autoridades nacionales:

En el 2006 el país contaba con 18.000 hectáreas dedicadas al monocultivo y actualmente con más de 60 mil hectáreas en las Zonas Sur, Atlántica y Norte, y se encuentra en proceso de expansión en áreas del Pacífico Norte y Central.

La producción agroindustrial de la piña de exportación (MD2) ha provocado numerosos impactos ambientales en el país, como contaminación de aguas subterráneas y superficiales, desecación de humedales. destrucción de bosques primarios y secundarios, generación de la plaga de la mosca stomoxys calcitrans, desvío y sedimentación de los ríos y erosión del suelo.

Sin embargo, la problemática va más allá de las consecuencias ambientales, ya que se están violentando derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud, a un ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la vivienda adecuada y a la vida. Cabe recalcar las graves violaciones a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, como el derecho a un trabajo en condiciones decentes, a un salario mínimo y a la salud ocupacional. Recordemos que otra ONG, Oxfam International habia lanzado una campaña en Alemania en el 2008 contra la comercialización de la piña costarricense, por la situación laboral, sin que el Ministerio de Trabajo haya, desde entonces, tomado cartas en el asunto.

Ante esto el Estado no ha cumplido con su obligación de protección ya que las instituciones públicas conocen de las violaciones a los derechos humanos antes mencionadas y no han dado una debida respuesta a esto. Por el contrario, toleran y apoyan la propagación de las empresas piñeras. Además, se disfraza la problemática como si solo se tratara de un problema ambiental que se pudiera solucionar con “buenas prácticas agrícolas”.

Las acciones legales que se han realizado demuestran como a través de la vía legal, las comunidades NO son escuchadas. Esto lo podemos ver a través del incumplimiento que las instituciones públicas realizan, ya que no velan porque las empresas piñeras operen de acuerdo a lo establecido en la legislación nacional tanto en materia ambiental, laboral así como de los derechos humanos. Un ejemplo de esto, entre muchos, es que ninguna instancia estatal haya tomado las medidas respectivas para el control de la plaga de mosca de la piña, a pesar de que se han interpuesto numerosas denuncias e incluso la Sala Constitucional le ordenó al Ministerio de Ganadería y Agricultura (MAG) erradicar el problema.

Otro caso dramático que demuestra la falta de respuesta estatal es el de la zona Atlántica, unas 6 mil personas de las comunidades de Milano, Luisiana, La Francia y El Cairo, de Siquirres, desde hace más de tres años han tenido que consumir agua transportada por camiones cisterna costeados por el AyA con recursos públicos, debido a que los análisis confirmaron la presencia de agroquímicos tóxicos usados en las piñeras en las aguas de las cañerías domésticas. La Sala Constitucional ordenó al MINSALUD y al AyA, tomar las medidas necesarias para sanear el acueducto de la comunidad de Milano, sin que a la fecha se hayan tomado medidas al respecto.

Creemos que la actividad piñera beneficia fundamentalmente a empresas trasnacionales y a sus socios nacionales, profundiza la dependencia externa, promueve la concentración de la tierra y la proletarización del campesinado y atenta contra la soberanía alimentaria de la región y del país en su conjunto, todo en perjuicio de las condiciones dignas de vida de las comunidades en general, y en particular del sector campesino.

No podemos permitir la desaparición de la familia campesina y que nuestras tradiciones para sembrar y cultivar la tierra mueran por una extracción piñera “a cielo abierto”.

Denunciamos que, tal como lo informa el reciente capitulo ambiental del Estado de La Nación del 2010, las entidades recurridas ante la Sala Constitucional no cumplen debidamente con lo ordenado por la máxima instancia judicial de nuestro pais.

Exigimos, tal como lo solicitara en Diciembre del 2008 el mismo Consejo Universitario de la UCR, una moratoria nacional a la expansión piñera.

Reclamamos nuestro derecho a la salud, al trabajo decente, a un ambiente sano, a una alimentación adecuada, a la tierra, al agua y a una vida digna.

 

Firma:
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP)